Nos duele e indigna la violencia

La Asociación Católica de Comunicación de Ecuador, SIGNIS Ecuador, expresa su preocupación y dolor por el grado de violencia, tanto por la represión policial y militar, como por los actos de vandalismo y saqueos registrados en la movilización nacional en rechazo a las recientes medidas económicas adoptadas por el gobierno. En sintonía con el llamado de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana a buscar en el diálogo “un acuerdo final que viabilice el retorno a la calma y el fortalecimiento de la democracia”, en respuesta a los anhelos postergados de la población más excluida de justicia y dignidad, exigimos que se respeten los derechos humanos de los manifestantes y que se ponga fin a los actos de vandalismo que desacreditan la legítima protesta.

A continuación compartimos nuestro mensaje:

SIGNIS Ecuador demanda respeto a los derechos

"Frente a graves injusticias, no basta que los comunicadores digan simplemente que su trabajo consiste en referir las cosas tal como son. Eso es indudablemente su tarea. Pero algunos casos de sufrimiento humano son en gran parte ignorados por los medios de comunicación, mientras informan acerca de otros; y en la medida en que esto refleja una decisión de los comunicadores, también refleja una selectividad inadmisible”. (Ética en las Comunicaciones, Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, 2000, N° 14)

Ecuador está viviendo una de las más graves crisis políticas desde el retorno a la democracia. La violencia del Estado para reprimir una movilización indígena y ciudadana, que rechaza las recientes decisiones económicas decretadas por el gobierno (particularmente la eliminación del subsidio al precio de la gasolina y diésel, que afecta de manera especial a los más pobres), como por los actos de vandalismo y saqueo protagonizados por determinados grupos de manifestantes, nos duelen e indignan.

Desde nuestra misión de comunicadores católicos, queremos “mantener siempre atentos los oídos, al grito de dolor de los demás, y escuchar su pedido de socorro”, en actitud solidaria, como proponía Monseñor Leonidas Proaño, Comunicador de la Paz.

No podemos cerrar los ojos, y menos aún callar, frente a las graves violaciones a la libertad de expresión que se registran durante estos momentos de grave agitación social.  Denunciamos y condenamos la agresión que han sufrido varios compañeros periodistas y reporteros gráficos, tanto en manos de activistas y participantes de las protestas, como por elementos de las fuerzas del orden.

Miramos con preocupación la falta de contrastación en la información que se observa y escucha en algunos medios de comunicación y que ofrecen una visión parcial de la protesta. De igual manera, vemos con inquietud que las redes sociales, que se han convertido en un canal de expresión de los ciudadanos, que buscan informar desde sus visiones e intereses, se confundan también con rumores y noticias falsas que lastiman la verdad y exacerban los ánimos de quienes tienen acceso a estas plataformas, al tiempo que contribuyen a azuzar las actitudes violentas que atentan contra la libertad de expresión.

Rechazamos la toma de las estaciones transmisoras de los medios audiovisuales en el cerro Pilisurco, para silenciar las transmisiones de las estaciones de radio y televisión.  Lamentamos la decisión gubernamental que obliga a apagar la señal de Radio Pichincha Universal, para coartar el derecho ciudadano a hacer escuchar su voz.

Frente a este difícil momento que vive el país, desde SIGNIS Ecuador nos sumamos al llamado expresado por el episcopado ecuatoriano para que tanto el gobierno, como los movimientos sociales que se manifiestan en las calles busquen en el diálogo “un acuerdo final que viabilice el retorno a la calma y el fortalecimiento de la democracia”, en respuesta a los anhelos postergados de la población más excluida de justicia y dignidad.

Exigimos del gobierno respeto a los Derechos Humanos de quienes protestan en las calles, pero también es indispensable que esta protesta, que es legítima, por ser un derecho consagrado en la Constitución, no se vea desacreditada por actos de vandalismo y destrucción de bienes públicos y privados.