Consulta Popular, entre el Sí o el No

CONSTRUYAMOS UNA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

En Signis Ecuador creemos, defendemos y vivimos la democracia. Con esta convicción y práctica, una vez que el Presidente de la República, Rafael Correa, oficializó su propuesta de Consulta Popular, invitamos a nuestros asociados y amigos a analizar la iniciativa gubernamental, particularmente sobre las dos preguntas relacionadas con la comunicación.

La fundamental reflexión que hicimos es que la democracia no puede limitarse al acto eleccionario de gobernantes cada cuatro años, sino a una efectiva participación de las y los ciudadanos en las decisiones del Estado. Por tanto, consultar al pueblo es la mejor manera de conocer lo que piensa.

Sin embargo, la forma como se la propone y los temas planteados dejan dudas sobre la pertinencia para responder oportunamente a las urgencias ciudadanas, así como los cuestionamientos que se hacen a la legalidad y constitucionalidad de la propuesta.

Pero sobre la comunicación, que es lo específico de nuestra identidad vocacional y profesional, las dos preguntas propuestas apuntan a cuestiones que desde siempre han sido defendidas por nuestra Asociación: la necesidad de que se apruebe una ley que garantice el ejercicio pleno del Derecho a la comunicación, de todas y todos. Creemos necesario un Consejo de Comunicación, que vele por el respeto a la dignidad humana en los contenidos de los medios; pero lo que interesa saber es cómo estará integrado ese Consejo, y eso sigue pendiente.

Resta conocer el pronunciamiento de la Corte Constitucional, hasta tanto la propuesta de Consulta debe obligarnos a reflexionar serenamente para pronunciarnos por la opción que nos conduzca a fortalecer la democracia participativa en la que creemos y defendemos.

Signis Ecuador

4 respuestas a «Consulta Popular, entre el Sí o el No»

  1. Amigos de Signis:

    Respetuosamente, me parece que su análisis es muy superficial, por decir lo menos, pues no se puede hablar sobre la «necesidad de que se apruebe una ley» ni de un «Consejo de Comunicación» sin precisar que se entiende por ellos. El gobierno ha sido muy hábil de tomarse la agenda de la sociedad civil y Ustedes parece que se dejan «seducir» por esos cantos de sirena. Esperaba mayor rigurosidad de una organización como la de Ustedes.

    Atentos saludos, Jorge.

  2. Estimado Jorge.

    Gracias por compartir con nosotros su comentario.

    No es nuestro afán polemizar, ni creer que seamos dueños de la verdad. Nuestra opinión responde a una síntesis de los comentarios expresados por nuestros socios y amigos, en torno a una consulta interna que de manera responsable la hicimos. algunos de esos comentarios están visibles en este mismo sitio.

    Es posible que su comentario, cuando señala de «superficial» responda a que, con seguridad usted no ha tenido la oportunidad de hacer un seguimiento al análisis que desde el 2008 estamos realizando sobre el tema de comunicación en la Constitución y luego sobre el debate del proyecto de ley. Algunos de esos pronunciamientos están visibles en nuestro sitio web, y no corresponden exclusivamente a esta coyuntura última de la consulta.

    Desde hace mucho tiempo, en nuestra Asociación, a la luz de los documentos de comunicación de la Iglesia Latinoamericana y universal, hemos defendido la necesidad de que la comunicación y los medios estén al alcance de los sectores menos favorecidos, y por ello hemos defendido la necesidad de que una ley garantice el derecho a la comunicación, que al igual que el derecho a la salud, a la educación, tenemos todos y todas.

    Desde mucho antes, y no solo ahora, hemos apoyado y defendido la aprobación de una ley que facilite y apoye la creación de medios comunitarios, por ejemplo.

    Mire lo que señalaba SS el Papa Juan Pablo II: “es necesario, no sólo encontrar el modo de garantizar a los sectores más débiles de la sociedad el acceso a la información que necesitan, sino también asegurar que no sean excluidos de un papel efectivo y responsable en la toma de decisiones sobre los contenidos de los medios, y en la determinación de las estructuras y líneas de conducta de las comunicaciones sociales.” (Mensaje de la Jornada Mundial de las Comunicaciones sociales 2003).

    Por ello creemos que la Ley de Comunicación que se debate en nuestro país debe incluir normas que garanticen que los sectores que desde siempre han sido invisibilizados por los medios de comunicación tengan la posibilidad de tener sus propios medios, para que difundan con libertad su cultura, sus esperanzas y anhelos. La distribución equitativa de frecuencias, entre medios públicos, privados y comunitarios, como establece la Constitución, no puede quedar fuera de esta ley.

    La democratización de la comunicación es una urgencia y una exigencia de la sociedad. Las y los comunicadores católicos, en ese sentido, estamos llamados a trabajar por la justicia y el bien común, que en el caso de la ley de comunicación debe traducirse en una tarea de incidencia para cambiar la estructura de propiedad de los medios, y lograr mecanismos efectivos para la participación ciudadana y el ejercicio del derecho a la comunicación.

    En el Documento de Puebla (magisterio latinoamericano) se nos recomendaba a los católicos denunciar el control de los “Medios de Comunicación Social y la manipulación ideológica que ejercen los poderes políticos y económicos que se empeñan en mantener el satatu quo y aún en crear un nuevo orden de dependencia-dominación …» y por ello, las y los comunicadores católicos creemos que no podemos mantenernos silentes ante situaciones que deberían ser cambiadas.

    El documento de Puebla también constataba que “…los medios de comunicación son factores de comunión y contribuyen a la integración latinoamericana, así como a la expansión y democratización de la cultura…”, pero es necesario preguntarse si es posible democratizar la cultura, democratizar la comunicación si los principales medios de comunicación están concentrados en determinados grupos de poder que invisibilizan y acallan la voz los pueblos, comunidades y colectivos sociales que demandan y ser visibilizados y escuchados?

    Por esto, y más, Signis Ecuador se ha pronunciado a favor de que una ley de comunicación garantice el ejercicio del derecho a la comunicación que todas y todos tenemos.

    Insisto, no somos dueños de ninguna verdad, nuestras opiniones responden a un análisis sereno de la realidad en la que vivimos. La nuestra es una asociación no partidista, que entre sus principios defiende el derecho a opinar de sus miembros y de toda la sociedad.

    Al momento no hemos señalado si estamos ni por el SI, ni por el NO en esta propuesta (de manera especial sobre los dos temas relacionados con la comunicación). Creemos que es necesario que sigamos analizando, y en esa tarea estamos comprometidos, por lo que nos hará bien conocer las fundamentaciones que usted nos pueda aportar.

    Fraternalmente,

    José Mármol
    PRESIDENTE DE SIGNIS ECUADOR

  3. Estimado José:

    1. Gracias por su extensa respuesta, la cual sin duda clarifica de mejor manera su posición que, en su artículo original, estaba muy imprecisa.

    2. Cuando en mi comentario hablaba sobre la superficialidad de su análisis, me refería justamente a que, de alguna manera, se asumía que la consulta propuesta por el ejecutivo (a través de la pregunta 4) consultaba sobre la necesidad de que se apruebe una ley de comunicación, sin saber a que ley se está refiriendo el ejecutivo, y sin intentar contrastar si se trata de la misma (en los principios) que Ustedes abogan. La necesidad de una ley de comunicación es un tema que no lo pongo en duda, y en el cual seguramente Ustedes y yo tendremos muchas coincidencias. Pero probablemente no es lo mismo cuando se trata de la «ley de comunicación» que quiere impulsar el gobierno.

    3. Es justamente ese el tema de análisis. La pregunta 4, tal como está formulada es absolutamente insuficiente para tener una idea de la ley de comunicación que quiere el gobierno, pues señala:

    «Con la finalidad de evitar los excesos en los medios de comunicación, ¿Está usted de acuerdo que se dicte una ley de comunicación que cree un Consejo de Regulación que norme la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita, que
    contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios; y que establezca los criterios de
    responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores?»

    ¿Que se «dicte»? ¿Dictadura? No dice «que la Asamblea expida…», o algo parecido. Los canales para dicha ley no están claros.

    Y en cuanto a los contenidos, aparte de esas pocas menciones, no hay nada.

    Entonces, ¿cómo decir que «…las dos preguntas propuestas apuntan a cuestiones que desde siempre han sido defendidas por nuestra Asociación…»? A esa superficialidad me refería.

    4. ¿No será que lo que se busca es una herramienta más para afianzar un régimen poco democrático, tomado una bandera de lucha de la sociedad civil? A eso me refiero con la captura de la agenda.

    5. Al inicio de su respuesta señala que «…con seguridad usted no ha tenido la oportunidad de hacer un seguimiento al análisis que desde el 2008…». En efecto, no he realizado ese seguimiento. ¿Eso me descalifica? Usted como comunicador debe saber que el análisis de un artículo (no a SIGNIS) se debe hacer sobre el mismo, a menos que en el existan referencias a documentos anteriores, lo cual no es el caso.

    6. Por último, agradezco sus instructivas referencias al Papa y a Puebla, entendibles por su filiación católica, pero innecesarias para un tema de interés general (laico) como es la comunicación. Se tratan de «argumentos de autoridad», que mi profesor de lógica del colegio (jesuita, a propósito) recomendaba no utilizarlos.

    Mi ánimo tampoco es polemizar por polemizar, solo pedir un mayor nivel de análisis «político» sobre un tema tan importante (la ley de la comunicación), como para dejárselo a que alguien la «dicte».

    Respetuosos saludos,

    Jorge Córdoba.

  4. Qué gusto recibir sus comentarios, estimado Jorge.

    Quisiera comenzar por su observación del numeral 5. De ninguna manera lo descalifica. En ningún momento he insinuado siquiera esa consideración; todo lo contrario, toda opinión o sugerencia la recibimos con la mayor atención, y la gratitud porque ello nos ayuda a reflexionar sobre los temas que nos competen como comunicadoras y comunicadores católicos. Así bienvenida su participación. En mi mensaje anterior solo decía que las reflexiones que venimos haciendo sobre el tema de la comunicación, tanto lo aprobado en la constitución, como sobre el proyecto de ley que se debate en la Asamblea no se reducen a esta coyuntura que nos propone el presidente de la república, sino que ya lo estamos haciendo al menos desde el año 2008, y claro, a lo mejor usted no ha tenido la oportunidad de conocer este caminar que hemos venido haciendo.

    Pero luego, comparto en algo su observación cuando señala que el pronunciamiento pudo parecer impreciso. Sí, a lo mejor se debió incluir una mayor fundamentación. Aunque como usted podrá advertir, para nosotros este tema no está concluido, pues creemos que se debe seguir anlizando y debatiendo, y así lo estamos haciendo.

    Y finalmente, las referencias al magisterio Pontificio y de nuestra Iglesia Latinoamericana no me parecen incecesarias, precisamente porque, como comunicadores católicos (y la mayoría laicos) que somos, estamos llamados a participar en la vida política (entendida como la búsqueda del bien común), teniendo presente las fuentes que alimentan nuestra fe.
    Nuevamente le agradezco por sus observaciones y comentarios.

    Fraternalmetne,
    José Mármol

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